CONTEXTO:
El conflicto armado en Colombia dura ya más de cuatro décadas y está considerado como la peor crisis humanitaria de América. A pesar de los continuos esfuerzos tanto nacionales como internacionales por asegurar un proceso duradero hacia la paz, el conflicto continúa teniendo graves consecuencias humanitarias tanto en Colombia como en los países vecinos.
En Ecuador se estima que hay entre 130.000 y 140.000 colombianos que viven en situaciones similares a la de las/os refugiadas/os y que necesitan protección internacional. Se trata de la población más grande de refugiadas/os en Latinoamérica. A alrededor de 20.000 de ellos se les ha reconocido la condición de refugiado, y unos 37.000 han iniciado el procedimiento ordinario para la obtención de asilo. Sin embargo, miles de personas ni siquiera se han inscrito, son los conocidos como “refugiadas/os invisibles”, lo cual dificulta la tarea de brindarles la asistencia necesaria. Se estima que unas 84.000 personas con necesidad de protección internacional (PNPIs) están viviendo habitualmente en el país sin pertenecer al registro de solicitantes de asilo. En consecuencia carecen de documentación oficial y afrontan el riesgo de ser deportados. Sus razones para no buscar el asilo incluyen la falta de conocimientos sobre sus derechos, carecer de recursos para llegar a los puntos de registro y miedo de acercarse a las autoridades estatales. Indígenas y afrocolombianos, así como mujeres, representan un gran número entre la población de indocumentados o no registrados.
Muchas/os refugiadas/os y solicitantes de asilo en Ecuador tienen una mínima o insuficiente información sobre sus derechos y responsabilidades. De hecho, la presencia de un gran número de refugiadas/os “invisibles” en las áreas fronterizas muestra las lagunas de información básica concerniente a la protección y a los derechos de las/os refugiadas/os. Un factor que contribuye a esta situación es el aislamiento geográfico de las comunidades donde muchas/os refugiadas/os o solicitantes de asilo se han asentado. Otro factor es que muchos funcionarios públicos en las comunidades rurales no son conscientes de las modificaciones en la ley de protección sobre refugiadas/os y solicitantes de asilo que ha puesto en marcha el gobierno ecuatoriano. El temor de ser detenido previene a muchos refugiadas/os de acercarse a los funcionarios civiles a solicitar guía sobre sus derechos.
POBLACIÓN BENEFICIARIA
El proyecto ejecutado en 2010 beneficiará a más de 60.846 personas pertenecientes a la categoría de Población con Necesidad de Protección no registrada.
OBJETIVOS
Garantizar la protección efectiva de la población refugiada en Ecuador
RESULTADOS
Los procedimientos de determinación de estatuto de refugiado son más justos y eficientes
Garantizada la calidad en el procedimiento de determinación
Provisto el necesario apoyo legal y técnico
Promovidos los procedimientos específicos relacionados con el género y la infancia
Defendida con eficacia la introducción y mejora de los procedimientos de determinación del Estatuto de Refugiado
Mejorado el acceso a los procedimientos de asilo
Formación de abogados, consejeros legales y otros actores
Concertada la asistencia legal y representación de forma sensible al género e infancia
Las/os solicitantes de asilo cuentan con la información relevante
Mantenida la supervisión de los centros de detención
Promovido el acceso a los procedimientos para las víctimas del tráfico de personas
Mejoradas las condiciones de recepción
Mujeres y niñas en riesgo identificadas, y encontradas las soluciones y respuestas necesarias.
Realizada la defensa para que se acuerden los cuidados especiales a niños no acompañados
Provisión de apoyo individual y familiar Mantenidos y mejorados los estándares de registro y perfilado
El registro de la población se realiza de acuerdo con los estándares de ACNUR
Facilitado el registro de la población dispersa
ACTIVIDADES
Apoyo al Registro Ampliado
El procedimiento de Registro Ampliado es un mecanismo innovador que permite registrar y/o determinar la condición de refugiado, otorgar documentación e identificar las necesidades especiales de protección en un solo día. A través de brigadas móviles, el Gobierno tiene la intención de procesar las solicitudes de más de 50.000 personas necesitadas de protección internacional, muchas de las cuales nunca han sido registradas como solicitantes de asilo (refugiadas/os invisibles) en la frontera norte, provincias de Esmeraldas, Sucumbíos, Orellana, Imbabura y Carchi.
Contribuir a las reformas legislativas
ACNUR asegurará la inclusión de los derechos fundamentales y garantías para las personas necesitadas de protección internacional, en línea con los estándares regionales e internacionales en las reformas legislativas previstas.
Ampliar las posibilidades de integración y asegurar el acceso a derechos:
ACNUR continuará trabajando con otras organizaciones e instituciones para crear y promover redes que incluyan a las personas necesitadas de protección internacional en sus servicios.
Refuerzo del programa de reasentamiento
Se prevé una ampliación considerable del programa de reasentamiento para que responda al incremento en el número de refugiadas/os reconocidas/os. Esto presentará muchos desafíos, particularmente relacionados con el sistema de identificación y seguimiento de casos teniendo en cuenta la dispersión y alta movilidad de las/os refugiadas/os, así como mecanismos para prevenir y afrontar el fraude.
